El año pasado escribí un artículo en el blog en el que analizaba el posible pacto de Sánchez con Junts para que el primero continuase al frente del gobierno en España a cambio de conceder la amnistía a los segundos y que por tanto los "exiliados" que rehuían de la justicia ante una posible condena por su implicación en el procés y que no habían sido indultados debido precisamente a que habían huido de la justicia y por lo tanto no habían sido juzgados, pudiesen volver sin miedo a acabar entre rejas.
Pues bien, la amnistía se acordó en un primer momento para permitir la investidura de Sánchez, y hace unos meses fue definitivamente aprobada después de muchos tiras y aflojas, que entre otras cosas llevaron a ERC, que en aquel momento gobernaba Cataluña, a adelantar las elecciones, en un intento de contrarrestar una posible candidatura de Junts liderada por un retornado Puigdemont una vez estuviese la ley de amnistía en vigor, ya que consideraban que les podía perjudicar electoralmente.
Este adelanto electoral llevó a Sánchez a tomar la decisión de prorrogar los presupuestos estatales de 2023, ante la evidencia de la imposibilidad de negociarlos con unas elecciones de por medio que subirían el listón de demandas a conceder por parte de Sánchez a Cataluña para un posible acuerdo presupuestario.
Una vez se celebraron las elecciones, los números le daban a Illa, el candidato socialista, para gobernar con el PP y Vox, alcanzando milimétricamente la mayoría absoluta con 68 escaños. Pero claro, que el PSOE pacte un gobierno con Vox, o que se sostenga en este partido para gobernar, destruiría todo el discurso de Sánchez de miedo a la derecha, con lo que optó por buscar una mayoría con ERC y los Comunes, que también sumaba 68 escaños.
El resultado fue que ERC, presionados por el buen resultado de Junts, exigió el concierto económico para Cataluña a cambio de apoyar a Illa, y por tanto sacar rédito frente a Junts, haciendo ver que consiguieron cosas importantes mediante la negociación. Para sorpresa de nadie, el PSOE ha cedido, y ERC accedió a investir a Illa después de que sus bases respaldasen el acuerdo con una mayoría ajustada.
Probablemente con un acuerdo de menor envergadura, las bases hubiesen rechazado investir a Illa, dadas las tensiones actuales existentes en el seno de ERC tras los malos resultados electorales, entre un bando liderado por Junqueras y otro liderado por Marta Rivera, quien volvió de su exilio en Suiza gracias a la ley de amistía. Según se alega, además de motivos personales, habría motivos políticos, al haber intentado Junqueras expandir la base de ERC mirando más hacia el PSOE, mientras que Rivera querría volver más hacia una unión de acción de las fuerzas independentistas.
Claro que desde el PSOE no lo llaman concierto, sino acuerdo de financiación singular. Pero como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
No hay más que ir al detalle del acuerdo para comprobarlo. Cataluña se quedará con el 100% de los impuestos que recaude, y entregará una parte al Estado por las inversiones que este haga en Cataluña, más otra de solidaridad para el resto de España. Cuesta encontrar las diferencias con el concierto económico vasco y navarro.
La parte buena de esto, es que si bien los indultos y la amnistía no levantaron un excesivo malestar dentro del PSOE, el concierto para Cataluña sí que parece estar haciéndolo. Y es que una cosa son leyes que al fin y al cabo afectan a unos pocos individuos, y otra que el dinero que antes se repartía entre todas las CCAA ahora vaya a ser menor debido a dicho acuerdo, lo cual claramente no gusta al resto de CCAA, ya estén gobernadas por el PP o el PSOE. Hasta se han levantado voces críticas en Izquierda Unida o Compromís, aunque para no hacer mucha pupa se limitan a decir que hay que llegar a un acuerdo de financiación más amplio y no solo para Cataluña.
No en vano el meollo de las comunidades autónomas y de la financiación viene de lejos. Obviamente si eres una comunidad autónoma que quiere prosperar, necesitas dinero para gastar e invertir. Pero ese dinero que obtienes viene marcado por unas normas, y por eso tenemos a muchas CCAA que se quejan de que tienen una financiación insuficiente. Evidentemente no hay ninguna que se queje por lo contrario.
Pero claro, si el Estado comienza a dar más dinero a las CCAA, se queda él sin dinero para gastar...con lo cual, es impepinable, el camino hacia el que nos estamos dirigiendo es hacia el reino de taifas, o como gusta decir a algunos y pareciera que es su objetivo, la confederación.
Aparte de que todo esto a quien más beneficia es a quien más tiene. Las CCAA más ricas de España son País Vasco, Navarra y Cataluña, y curiosamente son las que mejor financiación tienen (o van a tener en el caso de Cataluña).
En cambio a las CCAA más pobres como Extremadura o Castilla la Mancha...pues seguirá sin llegarles la financiación que necesitan para tratar de igualarse a la media española, porque la prioridad del gobierno no es lograr la igualdad entre territorios, sino contentar a aquellos que le votan a favor.
Visto lo visto, la conclusión es clara. Si quieres que tu comunidad autónoma prospere, tienes que votar a un partido nacionalista o regionalista para que le apriete las tuercas al gobierno de turno. De lo contrario, te quedarás estancado mientras los demás avanzan a tu alrededor.
Dentro del PSOE algunas de las voces más críticas han sido las de García Page o la de Borrell. El problema es que pintan poco o nada en el PSOE. Con lo que a la hora de votar la ley en el parlamento, en quien habría que poner el foco es en los diputados castellanomanchegos del PSOE. ¿Optarán por perjudicar a su comunidad autónoma pero mantenerse fieles a Sánchez? ¿O será lo contrario? Yo tengo pocas dudas de que optarán por lo primero, aunque me gustaría equivocarme.
En cualquier caso, todo esto no es más que pan para hoy y hambre para mañana. Hoy les dan el concierto económico a cambio de que Illa gobierne Cataluña. Vale. ¿Y mañana? Cuando haya que pactar los presupuestos para 2025 de España o de Cataluña y se necesiten los votos de ERC y Junts, ¿qué se les dará? ¿El referéndum? Porque a este paso va a ser lo único que les falta.
Ya dentro del acuerdo de financiación se incluyó el formar una mesa de diálogo para abordar "el conflicto político en Cataluña", es decir, el referéndum. Y visto lo visto y viendo los antecedentes, no me sorprendería nada que Sánchez cediese a cambio de continuar en el poder aunque sea por unos meses más. Claro que no dirán que es un referéndum. Lo llamarán consulta no vinculante, para sortear las trabas de una posible inconstitucionalidad, y alegarán que quieren testar la voluntad del pueblo de Cataluña, y que no hay nada malo en realizarlo. Pero una vez superadas las etapas de los indultos, la amnistía y el concierto, sin que haya pasado nada en forma de una reacción generalizada de la sociedad española, la de la consulta - referéndum camuflado - sería la única que quedaría por alcanzar.
Claro que la oposición trata de presentar batalla, y han llevado la amnistía al tribunal constitucional. Pero seamos sinceros. ¿Quién nombra al tribunal constitucional? Los políticos (a través del congreso y el senado, que nombran a 8 magistrados entre ambos, del gobierno, que nombra a 2, y del consejo general del poder judicial (CGPJ), que nombra a otros 2 - y los 20 miembros del CGPJ son a su vez nombrados por el congreso y el senado -). Y en estos momentos, existe una mayoría en el tribunal constitucional del lado del PSOE. De magistrados a los que se considera progresistas. Ya se ha visto en varias votaciones, como cuando la mayoría progresista del tribunal rechazó el recurso contra la ley del aborto, o cuando anuló las condenas a Chaves y Griñán por el caso de los ERE de Andalucía. Estoy convencido de que con una mayoría conservadora, el resultado de esas dos sentencias habría sido muy diferente. Y no me cabe la menor duda de que la mayoría progresista actual hará todo lo posible por validar la ley de amnistía. E idéntica situación se vivirá con la consulta no vinculante - referéndum camuflado para Cataluña -.
Todo aquello de la separación de poderes, de la democracia, de que el pueblo manda y el gobierno obedece, no es más que un cuento chino para tener a la gente conforme con el sistema montado, y que esté tranquila y no moleste. La realidad es muy diferente. Los que mandan solo se acuerdan del pueblo a la hora de ir a votar, proclamando promesas que no piensan cumplir, y se aseguran de ejercer la máxima influencia posible sobre los más altos tribunales, para que no les pongan demasiados problemas a sus leyes.
¿Por qué si no el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno? Si realmente fuese independiente, lo elegirían los propios fiscales. Pero no, es elegido por el gobierno, para que ponga el foco en aquello que le interesa, y desactive otras causas que no le convienen. Por ejemplo con el caso de la pareja de Ayuso, cuando el fiscal general del Estado ordenó filtrar información interesada a la prensa para tratar de desviar el foco de atención sobre los casos de posible corrupción y tráfico de influencias de la esposa y el hermano de Sánchez.
O con la abogacía del Estado, cuando por ejemplo le encargaron a Edmundo Bal, abogado del Estado, elaborar informes más condescendientes con el procés, algo a lo que se negó y por lo que acabó defenestrado en la carrera judicial y que más tarde le llevaría a incorporarse a Ciudadanos.
El caso de Conde Pumpido es el ejemplo más claro. Fue fiscal general del Estado con el gobierno de Zapatero, época en la que entre otras cosas se destapó que había hecho todo lo posible por no llevar a los responsables estadounidenses a la justicia en el caso de la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak debido a un misil estadounidense dirigido al hotel en el que se encontraba, como desveló Wikileaks, demostrando mayor lealtad al gobierno para no crearle problemas políticos con EEUU que al Estado, en defensa del cual debería haber apoyado los intereses de la familia Couso por mucho daño político posible que hiciese al gobierno.
Claro que esto no sucede únicamente en España. En Israel Netanyahu se enfrentó a manifestaciones de la oposición por su controvertida reforma judicial que trataba de evitar que los tribunales tengan tanto poder en Israel y puedan echar abajo leyes del gobierno. En México está sucediendo algo parecido. A uno casi le hacen sentir envidia de un país tan insospechado como Perú, donde todos los presidentes de los últimos años han acabado procesados por casos de corrupción, y en varios casos condenados.
Pues bien, volviendo a Conde Pumpido, ahora ha sido elegido presidente del tribunal constitucional. Y Pedro Sánchez más contento que unas castañuelas.
También podríamos citar a Dolores Delgado, que fue ministra de justicia con el PSOE de Sánchez para después pasar a fiscal general del Estado, donde también tuvo ciertas polémicas, por ejemplo con el caso Stampa, fiscal del caso Villarejo que se vio apartado de la fiscalía anticorrupción por la propia Delgado, a quien no debieron gustarle mucho las investigaciones sobre su antiguo amigo.
Después de dejar el puesto como fiscal general del Estado fue nombrada fiscal del tribunal supremo y posteriormente fiscal de la sala de Memoria Democrática. Ambos nombramientos fueron echados abajo por el tribunal supremo. En el último caso se alegó que la relación sentimental que mantiene con Baltasar Garzón, promotor de la ley de memoria democrática, no ayudaba en su imparcialidad, mientras que en el primer caso se interpretó como una desviación de poder para asegurar un cargo de la máxima responsabilidad a la susodicha sin atender a razones de mérito.
Resumiendo, el gobierno intenta controlar la justicia por todos los medios. Y aunque ha llegado a un acuerdo con el PP para renovar conjuntamente al CGPJ y promover el estudio de una reforma judicial para hacer los nombramientos judiciales menos dependientes de las fuerzas políticas, no deja de ser un parche que ya veremos incluso si se llega a concretar o no.
Hay quien propone la elección directa de los jueces por los ciudadanos. Otros creen que está bien dejarlo como está, en manos del parlamento, para que haya una proporcionalidad entre progresistas y conservadores, ya que, alegan, si se dejase la elección en manos de las asociaciones judiciales, la mayoría serían conservadores, pues la mayor parte de personas de la carrera judicial están adscritas a estas asociaciones conservadoras.
Tal vez la mejor opción que he escuchado al respecto para garantizar la independencia judicial, sea la del sorteo. Por supuesto un sorteo limitado, en el que solo puedan entrar quienes tienen el mérito reconocido para ello. Pero sería en mi opinión una medida más justa y libre de interferencias, ya que nadie sentiría que debe el puesto a quien le propuso, como sí que sucede ahora.
No obstante, pese a todas las interferencias, aún hay jueces que se resisten a sucumbir. Así, el juez Llarena, que lleva el caso de Puigdemont, ha estimado que la ley de amnistía no sirve para él, puesto que el delito de malversación no depende de que haya intención de lucro o no, sino de que el dinero se gaste realmente en lo que se tiene que gastar, y no en otras partidas no recogidas en ninguna norma jurídica. Con lo que mantiene la causa abierta, y a consecuencia de la cual, Puigdemont podría ser arrestado si vuelve a España.
Cosa que hizo, volver a España, para sorprendentemente no ser arrestado. ¿Cómo se explica eso? Podemos atender a dos versiones. La primera sería que intentaron detenerle, pero fallaron. La segunda, que no le querían detener, por lo que montaron un dispositivo mínimo para que fallasen a propósito y por tanto facilitar la fuga a Puigdemont.
Analizándolo fríamente, me parece bastante más plausible la segunda opción. Tú si eres el Estado, y sabes que Puigdemont va a volver, porque lo ha anunciado previamente, como parte de su estrategia para supuestamente ser detenido y así dificultar que ERC dé carta verde a Illa para coronarse como presidente de la Generalitat, y si realmente le quieres detener, montas un dispositivo policial en condiciones para detenerle en cuanto aparezca. Pero claro, a Sánchez no le interesaba una detención de Puigdemont, porque entorpecería la investidura de Illa y calentaría la situación política en Cataluña y por lo tanto pondría en peligro su puesto como presidente al depender de los votos de ERC y Junts.
De este modo, la responsabilidad del dispositivo de detención recayó en los Mossos, la policía autonómica de Cataluña, y la Generalitat rechazó la ayuda de la policía nacional o de la guardia civil. Y el dispositivo que montaron los Mossos fue bastante deficiente, pues se centraron en detenerle en el parlamento autonómico, en vez de detenerle nada más apareció en un acto público en el arco de triunfo en Barcelona. No valoraron la posibilidad de que fuera a faltar a su palabra y escapar de nuevo, con ayuda de algún que otro mosso rebelde, los cuales ya han sido apartados del servicio. Después, la historia es conocida. Puigdemont se escabulló, camuflándose con un sombrero de paja, despistando con los coches y la carpa, y de esta forma se burló de la policía autonómica y de España y Cataluña en general.
Dice Puigdemont que Sánchez no controla al estado profundo, es decir, a la justicia, y que a consecuencia de lo cuál, le siguen investigando, por malversación y por la trama rusa. Eso es cierto en parte. Afortunadamente aún hay jueces que mantienen un mínimo de independencia del gobierno, pese a todas las presiones que están sufriendo para que obren de otro modo. Pero en las instancias más altas, es decir, la fiscalía general del Estado, y el tribunal constitucional, la mano del gobierno es más evidente.
Habrá que ver cómo actúa el tribunal constitucional con la ley de amnistía. Pero dadas las mayorías existentes y a quién deben el puesto, tengo pocas dudas de que la declararán constitucional. Algo similar ocurrirá con el concierto económico para Cataluña.
Con lo cuál, nos quedamos con la incógnita de hasta cuánto aguantará Sánchez cediendo a los nacionalismos, hasta dónde estará dispuesto a llegar, y si habrá alguien que le pueda frenar, ya que la justicia parece bastante improbable que lo haga. Si finalmente Junts y ERC tensan demasiado la cuerda exigiendo cada vez más cosas, y forzando en demasía al PSOE, la cuerda puede acabar por romperse, conduciéndonos a unas nuevas elecciones generales, en las que habrá que ver si le dan los números a Feijoo para gobernar con Vox y Alvise, algo bastante difícil a día de hoy, no por los números, sino por la radicalidad de ambos. No en vano, en el parlamento europeo Vox se ha acabado aliando con el grupo liderado por Le Pen, Orbán y compañía, estimando que el grupo que lidera Meloni se estaba moderando demasiado, en un posible intento de contrarrestar el mensaje de Alvise, quien podría estar robándole votos entre sus seguidores.
Esto no augura nada bueno, y Feijoo deberá hacer equilibrios si quiere acceder al poder. Sánchez por su parte mantiene un buen suelo electoral, pero la división entre Podemos y Sumar no le beneficia nada, ya que hace que obtengan muchos menos escaños yendo por separado que si fuesen juntos. Esto me lleva a concluir que hay una cierta parte de la población que jamás de los jamases va a votar a la derecha, independientemente de lo mal que lo haga la izquierda o lo mucho que cedan al nacionalismo, ya que para ellos la derecha es el mal mayor. No hay otra forma de explicar que el PSOE siga conservando esa base tan amplia de votantes, que no le da para gobernar en solitario, pero sí para no hundirse.
Es cierto que el PSOE ha obtenido peores resultados que los actuales. Pero eso se debía a que el espacio de Podemos estaba mucho más fuerte que en la actualidad. Con lo cual estamos ante una sociedad dividida en dos bloques, con una minoría que oscila entre ambos bandos según estime la situación, pero con una mayoría fija en cada bloque. Es triste, pero es así.
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