Desde hace ya bastante tiempo Francia se enfrenta a la amenaza terrorista de corte yihadista en su propio país de una forma más severa que otros países de Europa. Una de las razones principales es la inmigración musulmana que ha recibido de sus antiguas colonias en el norte de África, y la integración fallida que ha llevado a que muchos de estos inmigrantes vivan en barrios periféricos y no se relacionen con el resto de la población.
La convivencia entre la población musulmana y el resto del país no es sencilla, estallando periódicamente revueltas en los barrios mencionados anteriormente debido a las malas condiciones de vida, así como polémicas sobre diversos asuntos que afectan de una forma u otra a la comunidad musulmana, como pueden ser la prohibición de portar el velo en las escuelas alegando la ley de laicidad del Estado, la reproducción de caricaturas de Mahoma (cuando en el Islam está prohibido representar al profeta y no digamos ya burlarse de él), o recientemente, la voluntad expresada por parte del gobierno de cerrar diversas asociaciones musulmanas ya que alegan que tienen un discurso radical.
Que el terrorismo y todas sus formas (amenazas, insultos, señalamientos, financiación, apoyo, complicidad...) deben ser perseguidos y los responsables puestos ante la justicia, nadie lo pone en duda. Pero otra cosa bien distinta es promover la disolución de ciertos colectivos solamente porque no guste el discurso que realizan.
Para situarnos, hace unas semanas, tras un ataque de corte yihadista por parte de un joven paquistaní que pretendía ir contra la revista Charlie Hebdo, que había vuelto a publicar recientemente las polémicas caricaturas de Mahoma, Macron presentó un plan de acción contra lo que denominó "separatismo islamista", refiriéndose a que ciertos colectivos musulmanes estarían intentando crear una suerte de sistema paralelo al francés, obviando las leyes de la república.
Entre algunas de las medidas más relevantes de este plan destacan el acabar con la educación escolar en las viviendas, o con la financiación de otros países de mezquitas y asociaciones, así como que sea el propio Estado el que forme a los Imanes, o acabar con el programa de formación en lengua de origen.
