El descalabro del gobierno de Sánchez

Los malísimos resultados del PSOE en Andalucía, uno de sus feudos históricos, no vienen más que a confirmar la debacle del gobierno de Sánchez, en una conjunción de errores propios y aciertos de los contrarios.

Empezando por estos últimos, parece ser que el "efecto Feijóo" está dando resultado. Independientemente de quien tuviese razón en el lío que se formó por el espionaje al hermano de Ayuso, lo cierto es que Casado no conseguía vislumbrarse como alternativa a Sánchez, al ser visto como alguien demasiado antagonista, y poco dado a la proposición de políticas, quedándose siempre en la crítica sin vislumbrarse un camino diferente.

En cambio, Feijóo cuenta con el aval de la experiencia de haber gobernado en Galicia durante más de 3 legislaturas, todas con mayoría absoluta. Algo habrá hecho bien en su tierra para que la gente siga confiando en él. 

Por una parte, la gestión, que más allá de algunas meteduras de pata como tratar de cerrar el paritorio de Verín, ha logrado por ejemplo que Galicia sea una de las CCAA donde sale más rentable estudiar un Máster, o que en la crisis de la pandemia haya sido una de las menos afectadas

 

(En este gráfico (se puede hacer clic en la imagen para ampliar) se muestra como Galicia fue una de las CCAA con menos fallecidos por la pandemia, junto con Canarias, Baleares y Cantabria, aunque probablemente influyese también su condición de periferia y por tanto de menor movilidad entre diferentes CCAA y de menor propagación del virus).

Pero además, en Galicia no existe, o es testimonial, un nacionalismo de derechas, al contrario que en Cataluña o el País Vasco, porque ya está integrado de alguna forma en el PP de Galicia. Mientras que en el País Vasco o Cataluña si alguien habla en euskera o en catalán lo más probable es que sea nacionalista (aunque no siempre), en Galicia no tiene por qué. El gallego lo hablan principalmente en las zonas rurales y la gente mayor, y suele ser gente más bien conservadora y de derechas. Es decir, no hay una identificación tan clara como en otros territorios entre lengua y nación, por más que los nacionalistas intenten apropiarse de ello.

Por otra parte, aunque hay problemática con la lengua en los centros educativos, la situación dista mucho de la que sucede en Cataluña, la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, donde el catalán se impone y al castellano se le margina. En Galicia conviven ambas lenguas, y aunque con tiranteces, al opinar unos que la presencia del gallego es demasiado escasa, y otros que es la del castellano la que es demasiado escasa, de momento lo hacen sin demasiada polémica.

Así pues, Feijóo en Galicia ha sabido moverse en un espacio amplio, lo que le ha permitido lograr gran número de votos. Tampoco ha tenido que rivalizar con Vox o Ciudadanos, de escasa implantación en Galicia. Aunque Vox estuvo rozando algún escaño en las últimas generales que finalmente fue para el BNG. Es decir, que sí que tienen cierto apoyo, pero por el momento no han logrado que este sea significativo.

Todo esto ha permitido al PP de Galicia y por lo tanto a Feijóo consolidarse como única opción de la derecha en Galicia, al ser Ciudadanos y Vox testimoniales y los partidos nacionalistas de derecha poco conocidos y representativos. Si a esto le sumamos un PSOE regional dividido y enfrentado, junto al desastre que supuso la gestión de gobierno de la suma de izquierdas en forma de mareas en algunas ciudades de Galicia (Ferrol, A Coruña y Santiago) y sus posteriores luchas cainitas, tenemos el cóctel perfecto para la consolidación de Feijóo en Galicia. 

No en vano el BNG se ha convertido en la principal fuerza opositora, en un ejercicio de aglutinación similar al del PP en Galicia, pero a la inversa. El BNG se ha aprovechado de la división de la izquierda de Podemos y compañía, así como de la desorientación del PSOE, y combinándolo con una líder carismática (Ana Pontón) que habla más de problemas sociales que de identidad, ha logrado ganar en visibilidad y que se le vea como la única alternativa posible al PP.

Todo esto es de relevancia para el ámbito nacional, porque indica muy bien cómo se logra aglutinar el voto. 

Por una parte, Feijóo está trasladando lo aplicado en Galicia al ámbito nacional. Es decir, una aglutinación del voto de la derecha a costa de Vox y Ciudadanos, algo que para ser justos ya había comenzado a hacer Casado, pero sobre todo una propuesta de gobierno alternativo basado en políticas reales, como poner el acento en la inflación o en la política de defensa, que está logrando que votantes moderados del PSOE se pasen al PP.

Feijóo representa la moderación, frente a un Casado quien al menos la izquierda veía como más exaltado en sus críticas al gobierno sin un plan serio de cambio. Feijóo en cambio ofrece experiencia, gestión, sin tener que recurrir a discursos frentistas, simplemente al sentido común. También es verdad que Sánchez se lo está poniendo demasiado sencillo.

Es cierto que el gobierno de Sánchez no lo ha tenido fácil, pues se le ha venido encima una pandemia mundial y una guerra (Ucrania) con consecuencias en subidas de precios en energía. Cualquier gobierno lo habría pasado mal en esas circunstancias. Pero no creo que el descalabro del gobierno de Sánchez se deba principalmente a su gestión en estas crisis.

Es cierto que habrá cosas cuestionables. Por ejemplo que utilizase el estado de alarma y no el de excepción para el confinamiento, como ha indicado el Tribunal Contitucional que debería haber hecho. O que se escudase en las CCAA para que tomasen medidas restrictivas en una clara dejación de funciones del gobierno central para que no le salpicase el resquemor de la gente, y obligase a los Tribunales Superiores de Justicia a avalar las medidas de las CCAA, implicándoles de esa forma en el poder legislativo, cosa que también le ha echado en cara el Tribunal Constitucional. 

O la oportunidad o no de ciertas medidas restrictivas. Parece claro que en este momento está primando la economía por encima de salvar vidas, al haberse relajado las restricciones hasta hacerlas casi inexistentes, volviéndose a celebrar eventos masivos sin mascarilla ni distancia de seguridad, cuando el virus sigue presente enviando gente al hospital y al cementerio. Pero claro, si los medios dejan de hablar de ello, parece que ya no existe. No obstante, no es algo exclusivo de Sánchez. Muchos presidentes autonómicos llevaban tiempo demandando primar la economía, Ayuso la primera, y otros gobiernos de Europa están haciendo lo mismo. 

Solo China sigue con restricciones importantes, que además teniendo en cuenta que es el primer productor mundial de casi cualquier cosa, altera la economía global y la cadena de suministros, por si no fuese poco con la guerra de Ucrania y el alza en los precios de la energía y de los alimentos.

Los analistas indican que esto se debe en parte a que el índice de vacunación en China es menor que en Occidente, y que además sus vacunas son menos efectivas. A esto habría que añadirle que al ser una dictadura, las protestas por las restricciones son menores, o reprimidas con más facilidad, y por tanto inciden menos en la imagen del gobierno a nivel doméstico.

Respecto al aumento de los precios en la energía y en los alimentos, el gobierno está reaccionando como puede, con el margen que le da la UE para limitar el precio del gas y subvencionando el precio del combustible. Pero parece evidente a ojos de todos, que se ha pegado un tiro en el pie con su política sobre el Sáhara, para contentar a Marruecos, y enfadando por tanto a Argelia.

¿No tiene analistas el gobierno de España? ¿No habían previsto que un posicionamiento de España con las tesis de Marruecos sobre un plan de autonomía para el Sáhara olvidándose del referéndum de autodeterminación provocaría una crisis con Argelia en un momento fundamental dada la dependencia de España del gas argelino?

Muchos creían que había un plan b o un pacto secreto con Argelia, pero a la vista está que eso no ha sucedido. Así que las teoría de por qué el gobierno de España ha cometido semejante metedura de pata, comienzan a ser más especulativas, y algunos señalan a Pegasus, el programa espía que infectó el gobierno de Sánchez y de otros ministros del gobiero, y que se cree que utilizó Marruecos. El propio gobierno de España confirmó que los móviles de Sánchez y sus ministros habían sido espiados por el famoso programa, después de que se revelase que también había sido usado por el CNI contra líderes independentistas, en  un intento vano de quitarse de encima la presión, ya que lo único que consiguió fue demostrar la vulnerabilidad de la seguridad del gobierno ante un país extranjero.

Marruecos, un país que controla o no la inmigración que llega a España según como se levante el Rey, que chantajea con la situación económica y comercial de Ceuta y Melilla, amenazando con tomarlas un día de estos al igual que Canarias, que monta en cólera cuando España recibe al líder del Frente Polisario Saharaui para recibir tratamiento hospitalario por su infección de COVID, y a cambio decide enviar niños a Ceuta como migrantes para desestabilizar a España, e infectar con un programa israelí los móviles del presidente de España y de varios de sus ministros, como los de Defensa e Interior.

A ese país es al que decide premiar Sánchez alinéandose con su tesis sobre el Sáhara en un momento clave en el que depende más que nunca del gas de Argelia, enfadando por tanto a este país, que ya estaba mosqueado pues había decidido cortar el gas que llegaba a España vía Marruecos y enviar en su lugar barcos con gas licuado a España, para perjudicar a Marruecos, enemigo histórico de Argelia, y a España no se le había ocurrido otra cosa que prometer a Marruecos que enviaría gas de vuelta por el gaseoducto que Argelia había cortado.

El gobierno de España está haciendo todo lo posible por contentar a Marruecos. ¿Y a cambio de qué? Si al menos se viese una política diferente en cuestión de inmigración, o respecto a Ceuta y Melilla, podría entenderse. Pero no se vislumbra nada de eso. No se ha firmado ningún gran pacto ni acuerdo. La única conclusión posible es que Marruecos está chantajeando a España, y más concretamente al presidente del gobierno, con la información obtenida de su móvil a través del programa Pegasus. Se sospecha que podría tener relación con el trabajo de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vinculada a Marruecos.

Es eso o la total inutilidad y estupidez del gobierno, cosa que resulta difícil de creer. Por muy inútil y estúpido que sea un gobierno, es difícil llegar a una jugada internacional más desastrosa que la que ha realizado España con Marruecos y Argelia. Esto haría dar por buena la gestión de la ministra de Exteriores González Laya, muy discutida por apostar por acoger al líder del Frente Polisario en España por su infección de Covid, frente a la gestión de Álbares en el ministerio de Exteriores, visto el resultado tan desastroso de la política del gobierno. Así que solo cabe esperar un chantaje en toda regla.

El PP, como es lógico, se aprovecha de la situación y critica al gobierno.

Pero no solo el PP. Ningún partido del parlamento español entiende la postura del gobierno. Ni siquiera sus socios de Podemos. Los únicos apoyos que parece tener Sánchez en esta decisión han sido Zapatero y Moratinos, ex presidente de Gobierno y ex Ministro de Exteriores, que se reunieron recientemente con ministro de exteriores marroquí.

La verdad es que la actitud de Zapatero como ex presidente comienza a ser bastante cuestionable, apoyando a presidentes latinoamericanos que han dejado bastante que desear, como Lula, Morales o Maduro, y alineándose con posturas de izquierda bastante difusas en cuanto a su relación con Rusia.

Feijóo ha ofrecido al gobierno un pacto estatal de defensa en el que España solicite a la OTAN la defensa de Ceuta y Melilla. El PSOE calla, tal vez por miedo a no enfadar a a Marruecos. Desde Argelia y el Sáhara se resignan a que haya un cambio de gobierno en España y las cosas vuelvan a su cauce anterior. Claro que habrá que ver lo que hace Feijóo si llega a gobernar. Si da marcha atrás en el apoyo al plan de autonomía para el Sáhara o no. Hace poco se reunió con el primer ministro marroquí, y dijo que su política exterior se basaría en el consenso y en el marco de las resoluciones de la ONU, al contrario que la de Sánchez, quien decidió apoyar el plan marroquí para el Sáhara sin acordarlo con nadie.

Más allá del estropicio que ha causado Sánchez en las relaciones con Argelia a cambio de contentar a Marruecos para no conseguir absolutamente nada, y de su política respecto a la pandemia, uno de los principales problemas a los que se está enfrentado el gobierno en este momento es la inflación, a la que está intentando compensar de alguna forma con el subsidio al combustible y el límite al precio del gas, tras muchas incertidumbres y disputas, así como oposición de las eléctricas, que no quieren ver recortados sus beneficios.

En este sentido hay que poner en valor a Yolanda Díaz, la única a mi juicio que puede dar la vuelta a la situación y evitar un triunfo claro de Feijóo que le alcance para gobernar. Pero para ello hará falta que salgan muchas cosas bien, demasiadas, y eso es difícil.

Yolanda Díaz está proponiendo un impuesto a las eléctricas para bonificar el transporte público, en línea de lo que están haciendo otros gobiernos europeos, como medida para recortar los ingentes beneficios que están obteniendo y repercutirlo en una mayor utilización del transporte público y por lo tanto en una reducción del consumo de combustibles fósiles.

Es inexplicable que desde el PSOE pongan tanta reticencia a esas políticas. Solo se entiende por la influencia que debe estar ejerciendo el lobby de las eléctricas sobre ellos. Pero tampoco es nada sorprendente, porque si por algo se está caracterizando el PSOE es por intentar frenar o minimizar las políticas sociales de este gobierno, que Unidas Podemos y más concretamente Yolanda Díaz, tienen que pelear con uñas y dientes.

Por el momento el PSOE quiere aparcar la reforma fiscal. Pero es que ya en otras políticas sociales como el incremento del salario mínimo o la reforma laboral puso demasiados impedimentos, hasta el punto de que casi no salen adelante por su culpa.

Yolanda Díaz se encargó de negociar la reforma laboral con sindicatos y empresarios, y aunque no fue fácil, logró llegar a un acuerdo. El problema estuvo en que luego no fue nada fácil aprobarlo en el parlamento, pues había muchos partidos a los que les parecía insuficiente la reforma, y la derecha no estaba por la labor de facilitarla. Finalmente se aprobó por un solo voto ya que un diputado del PP se equivocó en la votación, aunque él alegó que era el sistema de votación el que había fallado.

Había quien argumentaba que si el PP aprobó en su día su reforma laboral sin el apoyo de los sindicatos, por qué ahora el gobierno no podía hacer lo mismo sin el apoyo de los empresarios. Y tienen razón. Lo que sucede es que han querido llegar a ese acuerdo para que luego el próximo gobierno la respete y no la vuelva a cambiar.

La reforma es positiva en el sentido de que favorece la contratación indefinida al reducir mucho las causas de temporalidad, así como al fijar la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa en cuestión de salarios, y recuperar la ultraactividad de los convenios (que sigan en vigor una vez que haya finalizado su plazo, hasta que se negocie uno nuevo), pero es cierto que se deja muchas cosas por reformar, como manenter las mismas indemnizaciones por despido que el PP había reducido con su reforma laboral, no recuperar la autorización administrativa para los ERE (aunque introduce los ERTE que antes no estaban), mantener la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa en otros aspectos como horario, conciliación, horas extra...

Los sindicatos nacionalistas del País Vasco y Galicia, mayoritarios en sus CCAA, se manifestaron en contra de esta reforma al considerarla insuficiente, por todas las cosas que mantenía de la reforma del PP, y además por no primar el convenio autonómico sobre el estatal. Partidos nacionalistas como ERC, Bildu o el BNG, les apoyaron.

(En esta imagen (se puede hacer clic en la imagen para ampliar) de la CIG (sindicato nacionalista gallego), se resume bien los cambios que introdujo la reforma laboral del PSOE de 2010 y del PP de 2012, y los derechos, escasos, que recupera la de 2021. Aunque está en gallego, se entiende bastante bien).

 

Personalmente me habría gustado que la reforma hubiese sido más profunda. Pero también es cierto que esto es mejor que nada, y que al menos da una cierta seguridad de que no lo reformará un futuro gobierno de derechas, al haber contado con el apoyo de los empresarios.

De todas formas no se puede estar dependiendo constántemente de su apoyo a todo, porque de lo contrario no se avanzaría nunca. Ellos se oponen por sistema al incremento del salario mínimo, y no por eso el gobierno ha dejado de aumentarlo hasta los 1000 euros.

Pues bien, incluso para realizar esos mínimos cambios en la reforma laboral, que salieron aprobados en el parlamento por un pelo, Yolanda Díaz tuvo que pelear a muerte con Calviño, la ministra de economía del PSOE que trataba por todos los medios de minimizar la reforma y que se llegase a un acuerdo con los empresarios. El mérito de Díaz reside en haber logrado una reforma que mejora las condiciones laborales pese a todos los obstáculos, aunque sin duda no es la que a ella le habría gustado.

Y precisamente Díaz, por estos méritos de haber logrado una reforma laboral y un aumento del salario mínimo sustancial, en un gobierno que no estaba por la labor, ha conseguido erigirse en una de las ministras mejor valoradas de este gobierno. Hasta Pablo Iglesias se dio cuenta de ello cuando decidió retirarse de la primera línea de la política y señalarla -al más puro estilo Aznar- como su posible sucesora. Aunque ahora andan medio enfrentados porque Yolanda Díaz no está prestando tanta atención a Podemos como le gustaría a Iglesias. Y es que Díaz sabe que probablemente la marca de Podemos reste más que sume.

Por eso ahora se la está viendo mucho con Errejón, un antiguo aliado de Iglesias con el que acabó enfrentado, y que ha hecho de la moderación y de la política constructiva una de sus banderas. Si Díaz quiere llegar a algún sitio, lo mejor que puede hacer es aliarse con él, y con gente que pueda sumar a su proyecto, como Compromís en Valencia, relegando a Podemos a un segundo plano, y en especial a caras conocidas de Podemos que restan más que suman. A nadie se le ocurre recuperar a Monedero o a Iglesias, que cada vez que hablan logran poner a más gente en su contra, pero sería deseable que Echenique, Irene Montero, Rafa Mayoral, o Ione Belarra pasaran también a un segundo o tercer plano, pues desde luego tampoco ayudan en nada a la marca a recuperarse.

Curiosamente de lo único decente que se está salvando de Unidas Podemos, aparte de Yolanda Díaz, es Alberto Garzón, que pese a tener un ministerio pequeño como es el de Consumo, ha logrado hacer políticas más o menos relevantes, como frenar la publicidad de las casas de apuestas, o forzar a las aerolíneas a reembolsar billetes en el contexto de la pandemia. Además se ha caracterizado por un apoyo al gobierno de Sánchez, al igual que Díaz, en el marco de la guerra de Ucrania y de la política de la OTAN, al contrario que Belarra que parece que lo único que sabe hacer es poner palos en la rueda.

Lo tiene difícil Díaz, porque si margina demasiado a Podemos estos se pueden poner en su contra. Pero tal vez sea la única solución para conseguir armar algo decente de cara a las elecciones. Porque si la gente la ve como una continuidad de Podemos, no se animarán demasiado a votarla, y conseguirá un resultado bastante testimonial. Tiene que conseguir que la gente se reenganche. Ya tiene algo bueno, como Ana Pontón, la líder del BNG que señalaba al principio del artículo. Y es que la gente la valora, la ve como una persona moderada y trabajadora, que consigue cosas. Ahora la falta articular un proyecto político con caras conocidas que sean del mismo estilo, que ayuden y no dificulten, y que consigan general ilusión, algo vital para que la gente vaya a votar.

 

(Íñigo Errejón y Yolanda Díaz en un acto reciente sobre la salud mental de los trabajadores. Foto: EFE).

 

Como ejemplo tenemos lo de Andalucía, donde los partidos a la izquierda del PSOE estaban enfrentados en peleas cainitas y personalistas, hasta tal punto de que el pacto de unidad se fraguó a tan última hora que la firma de Podemos no llegó a tiempo y tuvieron que hacer un juego de equilibrios para meterles en las listas y por lo tanto prometerles sillones y sueldos para no quedarse fuera. Es decir, que se vio claramente que primaba el dinero y el reparto de poder al programa y las propuestas políticas para la gente. Igual que el no llegar a un acuerdo con Teresa Rodríguez, quien se presentó por separado, y a quien habían estado boicoteando sacándola del grupo parlamentario, dejándola sin dinero, y tratando de que desapareciese de los debates en televisión. ¿Esa es la izquierda que queremos? ¿Una izquierda que se pelea por dinero y por representación en los medios, por su parcela de poder? ¿Una izquierda inmersa en guerras personalistas? Esa no es la izquierda que yo quiero, y dudo que sea la izquierda que quiere Yolanda Díaz. Ojalá sea capaz de reunificar a la izquierda y de volver a generar ilusión. Es cierto que lo tiene muy difícil, pero si hay una persona que puede hacerlo, es ella.

Lo que parece claro es que Sánchez no genera ilusión entre sus votantes. Hay muchas promesas que se han quedado en el tintero, como la derogación de la ley mordaza, por culpa, qué sorpresa, de las reticencias del PSOE. Y otras medidas que no acaban de llegar, como el bono de alquiler para jóvenes, anunciado el año pasado y que aún no se ha aplicado. Hay medidas que se han aprobado, como la eutanasia, y otras, como la de cuidados paliativos para los enfermos de ELA, que pese a estar aprobadas, no acaban de entrar en vigor.

Pero no solo es por promesas incumplidas o anunciadas que no se ponen en marcha. La desilusión con el PSOE de Sánchez también es por ejemplo por cesiones al independentismo. Empezando por los indultos, y continuando por la decisión de pactar en Cataluña esquivar la sentencia que obligaba a impartir al menos el 25% del horario lectivo en castellano. Estas decisiones, obviamente, no gustan a la mayoría de sus votantes, que empiezan a ver a Feijóo como una opción no del todo mala, tras el descalabro de Ciudadanos que probablemente pase a ser testimonial en las próximas elecciones, si es que consigue representación.

Lo de los indultos a los líderes independentistas que quisieron proclamar la independencia de Cataluña con un referéndum ilegal tampoco se entiende, más allá de contentarles y tratar de que vuelvan a la vía de la negociación en vez de a la unilateralidad, cosa que del momento está sucediendo, pero que también refleja cómo el PSOE salta por encima de la justicia y de la legalidad haciendo uso excesivo de una prerrogativa como los indultos, que no es más que un quebrantamiento en toda regla de la separación de poderes. Ya hay numerosos juristas demandando un cambio de ley para que los indultos cuenten con el visto bueno de los jueces que condenaron a las personas a indultar, o al menos a limitarlos según la gravedad del delito.

El indulto puede tener sentido, como señalan los propios juristas, cuando la iniciativa parte de los propios jueces, al considerar que ha habido sentencias demasiado severas debido a leyes rigurosas, en relación con el delito y con el delincuente. Pero la cosa cambia cuando la iniciativa proviene del gobierno. Se ha llegado a indultar a generales golpistas como Alfonso Armada, a ministros envueltos en escándalos como el GAL (Barrionuevo), a mossos d'esquadra condenados por torturas, y además de a los líderes independentistas, la última gota que ha colmado el vaso ha sido indultos a mujeres que habían sido condenadas por secuestrar a sus hijos para evitar que sus padres pudiesen acercarse a ellos.

Son indultos claramente ideológicos, celebrados por ministras como Irene Montero, quien ha dicho que se hace justicia contra los "maltratadores", cuando se ha demostrado que todas las denuncias que había contra ellos eran falsas. Pero claro, qué se puede esperar de una ministra a la que le da igual la justicia, que considera que está corrompida por el patriarcado.

 A los que no les parece tan bien estos indultos, como es lógico, es a los padres que han sufrido el secuestro de sus hijos o hijas, y ahora ven como el gobierno indulta a las mujeres culpables de ello. El caso de Juana Rivas es el más significativo, pero no el único. María Sevilla, presidenta de "Infancia Libre", también fue indultada, lo que supuso una vez más el enfrentamiento de las asociaciones de justicia con el Gobierno, algo que empieza ya a ser habitual, como se ha visto cuando nombraron fiscal general a Dolores Delgado, antigua ministra de Justicia, y antigua portavoz de una de estas asociaciones, dejando clara la poca independencia de la justicia con el Ejecutivo, lo que también se ve en el bloqueo de la renovación del CGPJ o del Tribunal Constitucional.

Luego la gente se preguntará por qué se vota a Vox. Pues no es por Franco, ni por la inmigración, que también. Lo es sobre todo por el hartazgo general en lo que ha venido a denominarse como batalla cultural. Vox es visto como el único partido antisistema que se opone a lo políticamente correcto, y que se atreve a hablar contra el feminismo institucional o el discurso LGTBIQ+, ya sea para criticar los indultos, el adoctrinamiento en las escuelas, o leyes como el "solo sí es sí", que equiparan abusos sexuales con agresiones sexuales, algo que una vez más han vuelto a lamentar los juristas, quienes señalan que equiparar abusos, donde no hay violencia, con agresiones, donde si la hay, resta protección a las víctimas, pues al agresor le saldrá a cuentas utilizar la violencia que no, ya que no tendrá más pena si la emplea, como sí que sucedía hasta ahora. Además critican que se invierte la carga de la prueba, es decir, que en vez de demostrar la agresión, habrá que demostrar la falta de consentimiento, con lo que se cuestiona la presunción de inocencia.

Aunque hay que reconocer que el PP y Ciudadanos también se han opuesto a estos indultos y a estas leyes, lo cierto es que Vox es quien lo ha hecho con más vehemencia, y está consiguiendo aglutinar a gente que empieza a estar muy cansada de que la señalen siempre como el agresor y el culpable cuando en no pocas ocasiones son víctimas. Y si no que se lo pregunten a tantos hombres separados que tienen multitud de problemas para ver a sus hijos y a los que les llueven denuncias falsas de maltrato, con el objeto de dificultarles la custodia compartida.

Es ahí donde Vox está consiguiendo su caladero de votos. Y más que por méritos propios, se debe a una política ideologizada del gobierno que comete errores de bulto. De todos modos no creo que Vox suba en exceso, en parte porque Feijóo logrará estabilizar al PP y aglutinar voto de Ciudadanos y del PSOE. Pero aún así, es probable que necesite de ellos para gobernar. Y ahí es donde habrá que ver si el PSOE decide apoyar al PP para evitar que gobierne con Vox, o prefiere, como es previsible, que pacte con Vox para retratarle. Lo de siempre, vamos. Política de miras cortas.

Y la izquierda, si logra recompononerse en torno a Yolanda Díaz, tal vez tenga una oportunidad. Aún queda más de un año para las elecciones, si no las adelantan. Habrá que estar atentos a los equilibrios de fuerzas, pero quien gane tendrá que contar con numerosos apoyos, y no será fácil.

Una de las tareas que se le presentará al nuevo gobierno que venga será el colapso de la Administración Pública. Ya lo estamos viendo en nuestro día a día. Desde hace años, si no décadas, convivimos con las listas de espera en sanidad para un transplante o una operación quirúrgica. Ahora las citas para un especialista se pueden derivar a un año o más. Y con la pandemia se ha visto lo mal equipados tanto en recursos materiales como humanos que están los hospitales. Hacen falta más medios y más médicos, muchos de los cuales acaban agotados tras guardias de 24 horas para conseguir sacarse un sueldo medio decente, y crispados tras tener que atender con una media de 4-5 minutos por paciente. Pero no solo en sanidad, también en justicia donde están quitando a los jueces de refuerzo, en inspección de trabajo donde les faltó poco para organizar una huelga general, en aeropuertos, donde se ha generado colapso y multitud de turistas han perdido sus vuelos por el escaso personal en seguridad, o en seguridad social donde los trámites para los ERE y para el ingreso mínimo vital se han eternizado debido a la falta de personal.

 (En este gráfico (se puede hacer clic en la imagen para ampliar), se puede ver como los trabajadores de la Administración Pública mayores de 55 años en España superan ya el 45% del total. Es decir, que en los próximos 10 años, se jubilará aproximadamente la mitad de la plantilla de la Administración Pública Española. Algo totalmente inasumible de reemplazar si continúa el ritmo actual de oferta de empleo público, en torno a las 30.000 personas por año para la Administración General del Estado, por mucho que digan que es la mayor oferta de la historia. En el gráfico se observa también como de los países desarrollados, solo nos supera en envejecimiento Italia. Por compararlo con otros países donde el estado del bienestar es fuerte y su sector público también, en Suecia y Francia las personas mayores de 55 años que trabajan para la Administración Pública, apenas llegan al 30% del total).

 

Hasta ahora se ha estado llevando a cabo una renovación mínima de los funcionarios que se jubilaban, y la plantilla está muy envejecida. Hasta tal punto que han tenido que tirar de interinos dando lugar a una situación de temporalidad que se han visto obligados a corregir tras el tirón de orejas de Europa. Y cuando no tiran de interinos, deciden externalizarlo a través de empresas como Tragsa, o tirar de contratados laborales. Estamos asistiendo a un recorte de derechos en toda regla, silencioso y masivo. Por mucho bombo y platillo que se pongan anunciando las "mayores ofertas de empleo público de la historia", lo cierto es que distan mucho de las necesidades reales de la administración, y que muchas de ellas son de promoción interna, no para generar nuevas plazas.

Ese es un reto mayúsculo al que se enfrentará el próximo gobierno, y en mi opinión solo Yolanda Díaz en una posición de fuerza, podría tratar de abordarlo con garantías. Los demás tratarán de ponerle parches y al final acabará explotando. Y si no al tiempo.